Por una justicia restaurativa que proteja y ofrezca oportunidades reales

World Vision Ecuador, organización dedicada al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, reitera su preocupación por la propuesta legislativa que permitiría juzgar a adolescentes de 14 a 18 años bajo el régimen penal ordinario para adultos. A la vez, planteamos alternativas viables y respetuosas de los derechos humanos que fortalezcan la seguridad ciudadana sin sacrificar el principio de interés superior del niño (art. 44 de la Constitución) ni los estándares internacionales: Convención sobre los Derechos del Niño, Reglas de Beijing y Directrices de Riad.

Recordamos a los Asambleístas que la Convención de los Derechos de los Niños está sobre toda ley y la constitución del Ecuador no criminaliza a los menores de edad.

La Convención de los Derechos del Niño establece que la niñez tiene derecho a ser protegida de la violencia, el abuso y la explotación (art.19); y, debe recibir un trato especial en el sistema judicial (art.40).

1. Razones para preservar un sistema penal juvenil especializado

a) Etapa de desarrollo

La ciencia —y el propio Código de la Niñez y Adolescencia— reconoce que la madurez neurobiológica y psicosocial de una persona de 15 años no equivale a la de un adulto. Procesarla como tal desconoce su capacidad de cambio y el mandato de progresividad.

b) Efecto disuasorio limitado

La evidencia comparada muestra que penas más severas no reducen por sí solas los delitos juveniles; al contrario, exponer a adolescentes a cárceles de adultos aumenta la reincidencia y el reclutamiento por parte del crimen organizado.

c) Protección de la sociedad

La justicia restaurativa bien aplicada disminuye la reincidencia porque combina rendición de cuentas, reparación a las víctimas y apoyo para la reintegración. Esto se traduce en comunidades más seguras y resilientes a largo plazo.

2. Propuestas concretas para una reforma con enfoque de derechos

a) Eje Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)     

Propuesta: Crear unidades restaurativas integrales que combinen mediación víctima-ofensor, prácticas de justicia comunitaria y planes individualizados de reinserción.

Acciones sugeridas:

• Formar a jueces, fiscales y defensores en metodologías restaurativas.
• Asegurar que cada caso cuente con un gestor de caso que articule apoyo educativo, emocional y laboral.
• Reservar presupuesto específico en el Plan Anual de Inversiones.

      b) Eje Persecución de reclutadores y redes criminales             

Propuesta: Volcar el poder punitivo estatal contra los adultos de las bandas detrás del reclutamiento, garantizando los delitos tipificados en los artículos 91 y 367 del COIP.

Acciones sugeridas:

• Crear una unidad fiscal especializada con apoyo de la Policía y la Unidad de Análisis Financiero.
• Implementar programas de protección a testigos adolescentes y sus familias.
• Establecer mecanismos de reparación para víctimas de reclutamiento forzoso.

c) Eje Prevención y oportunidades

Propuesta: Lanzar un Plan Nacional de Oportunidades Juveniles en territorios de mayor violencia.

Acciones sugeridas:

• Becas de continuidad escolar y formación técnica dual.
• Centros de tiempo libre con tutorías, arte y deporte.
• Incentivos tributarios a empresas que contraten a jóvenes en riesgo.
• Generación de espacios donde adolescentes infractores y víctimas de delito puedan crear consciencia; y, donde se aplique un enfoque holístico que busca reparación a la víctima, buscando el restablecimiento de las relaciones e instaurando equilibrio en la comunidad.

d) Eje Participación y control social

Propuesta: Garantizar procesos legislativos transparentes y participativos.

           Acciones sugeridas:        

• Retirar la reforma del trámite económico urgente y abrir foros públicos.
• Incluir a adolescentes, academia, sociedad civil y organismos internacionales en mesas técnicas.
• Publicar análisis de impacto normativo y presupuestario antes de la votación.

3. Llamado a la acción
   1. Legisladores y legisladoras: mantengan un sistema penal juvenil especializado y asignen recursos para su plena implementación.
   2. Gobierno nacional: persigan de forma prioritaria a quienes reclutan o explotan a adolescentes, garantizando su protección.
   3. Municipios y prefecturas: cofinancien programas de prevención y reintegración que atiendan las causas estructurales —pobreza, exclusión y falta de oportunidades—.
   4. Sector privado y sociedad civil: sumen su experiencia y capacidad de innovación para crear oportunidades educativas y laborales que rompan el ciclo de violencia.
   5. Comunidad internacional: acompañe técnica y financieramente los esfuerzos de prevención y justicia restaurativa en Ecuador.
4. Compromiso de World Vision Ecuador

Reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con el Estado, la empresa privada y la sociedad civil para:

• Desarrollar programas de prevención y acompañamiento psicosocial en zonas de alto riesgo.
• Facilitar procesos de mediación víctima-ofensor que repongan el daño y promuevan la reconciliación.
• Generar evidencia y buenas prácticas que fortalezcan la política pública.

Rechazamos toda forma de criminalización de la adolescencia. Creemos en una justicia que protege, transforma y abre caminos de vida digna para quienes hoy más lo necesitan. La violencia crea violencia, la ternura es el antídoto natural a ella.

World Vision Ecuador